miércoles, 20 de septiembre de 2017

Comisión de la Verdad y Reconciliación


Institución Educativa Particular Parroquial Mundo Mejor
Dirigida y promovida por la congregación de Hermanos Cristianos del Perú
“Asegurando un mundo mejor, un alumno a la vez”
 
ÁREA         : FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA
GRADO     : QUINTO A- V- R   
PROFESOR : Jorge Silva LLoclla

IIIBIMESTRE
TEMA 04:  La CVR y la situación de los derechos humanos en el Perú











La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada
principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo de los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 1985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique.

Objetivos de la comisión de la verdad y reconciliación
1.- Analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad.
2.- Contribuir a que la administración de justicia, cuando corresponda, pueda esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las organizaciones terroristas como por los agentes del Estado.
3.- Procurar la determinación del paradero, identificación y situación de las víctimas y en lo posible, determinar las responsabilidades correspondientes. La Comisión no sustituye al Poder Judicial ni al Ministerio Público, pues no cuenta con funciones jurisdiccionales.
4.- Formular propuestas de reparación moral y material de las víctimas o de sus familiares.
5.- Recomendar las reformas que estime conveniente como medida de prevención para que no se repitan experiencias semejantes, así como medidas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones.
El conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda la historia republicana.
Aplicando la metodología de Estimación de múltiples sistemas, la CVR ha estimado que el número más probable de peruanos muertos o desaparecidos durante este conflicto se sitúa alrededor de las 69 mil personas.
Con esta metodología se ha estimado que, sólo en el departamento de Ayacucho, 26 259 personas murieron o desaparecieron (…) lo que constituye el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Los datos mencionados muestran la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. La violencia impactó de manera desigual diferentes espacios geográficos y estratos de la población.
Causas de la violencia interna en el Perú
La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la
decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una “guerra popular” contra el Estado peruano. Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego de doce años de dictadura militar, la sociedad peruana iniciaba una transición democrática ampliamente respaldada por la ciudadanía y por los principales movimientos y partidos políticos nacionales.
Fue precisamente el PCP-SL, el causante del mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil (el 54%). La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos.
Acción del Estado frente a la subversión
Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tenía la obligación de defender el orden constitucional y a sus ciudadanos en el marco del respeto incondicional de las leyes y los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, el Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada. Los gobernantes civiles aceptaron la militarización del conflicto y, abandonando sus fueros, dejaron la conducción de la lucha antisubversiva en manos de las Fuerzas Armadas.
La CVR ha constatado que la declaración de los estados de excepción y el empleo de la fuerza militar para hacer frente a la subversión armada (prerrogativas legítimas del Estado) se hicieron sin tomar las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados.
Peor aún, la autoridad civil desatendió durante mucho tiempo las miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas más afectadas del conflicto. Incluso en varios casos se facilitó y garantizó la impunidad a los responsables de las mismas. Los agentes del Estado —Fuerzas Armadas y Policía—, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Por otra parte, hay que señalar que durante las décadas de violencia existió información relativamente amplia sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, debido a la presencia de una prensa libre, la actividad de organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversas investigaciones parlamentarias y judiciales. Sin embargo, estas tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables.
(…) En varios lugares, una vez controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo dominio militar por extensos periodos. La lejanía del poder y de los ámbitos de decisión en un país fuertemente centralizado permitió que “el problema de la violencia”, crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, quedara relegado entre las prioridades públicas y privadas del país por varios años.
Mecanismos de justicia y reparación
El Informe Final de la CVR incluye además un plan integral de reparaciones para las víctimas de la violencia que implican:
• Reparaciones en salud contribuyendo a la recuperación de la salud física y mental para favorecer en las víctimas la reconstrucción de su proyecto de vida, truncado por el conflicto armado.
• Reparaciones en educación que brinden nuevas y mejores oportunidades de acceso a quienes perdieron la posibilidad de culminar sus estudios.
• Reparaciones económicas por las pérdidas sufridas y el daño moral padecido.
Adaptado de Hatun Willakuy, Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.




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