miércoles, 20 de septiembre de 2017

Comisión de la Verdad y Reconciliación


Institución Educativa Particular Parroquial Mundo Mejor
Dirigida y promovida por la congregación de Hermanos Cristianos del Perú
“Asegurando un mundo mejor, un alumno a la vez”
 
ÁREA         : FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA
GRADO     : QUINTO A- V- R   
PROFESOR : Jorge Silva LLoclla

IIIBIMESTRE
TEMA 04:  La CVR y la situación de los derechos humanos en el Perú











La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada
principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo de los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 1985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique.

Objetivos de la comisión de la verdad y reconciliación
1.- Analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad.
2.- Contribuir a que la administración de justicia, cuando corresponda, pueda esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las organizaciones terroristas como por los agentes del Estado.
3.- Procurar la determinación del paradero, identificación y situación de las víctimas y en lo posible, determinar las responsabilidades correspondientes. La Comisión no sustituye al Poder Judicial ni al Ministerio Público, pues no cuenta con funciones jurisdiccionales.
4.- Formular propuestas de reparación moral y material de las víctimas o de sus familiares.
5.- Recomendar las reformas que estime conveniente como medida de prevención para que no se repitan experiencias semejantes, así como medidas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones.
El conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda la historia republicana.
Aplicando la metodología de Estimación de múltiples sistemas, la CVR ha estimado que el número más probable de peruanos muertos o desaparecidos durante este conflicto se sitúa alrededor de las 69 mil personas.
Con esta metodología se ha estimado que, sólo en el departamento de Ayacucho, 26 259 personas murieron o desaparecieron (…) lo que constituye el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Los datos mencionados muestran la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. La violencia impactó de manera desigual diferentes espacios geográficos y estratos de la población.
Causas de la violencia interna en el Perú
La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la
decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una “guerra popular” contra el Estado peruano. Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego de doce años de dictadura militar, la sociedad peruana iniciaba una transición democrática ampliamente respaldada por la ciudadanía y por los principales movimientos y partidos políticos nacionales.
Fue precisamente el PCP-SL, el causante del mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil (el 54%). La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos.
Acción del Estado frente a la subversión
Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tenía la obligación de defender el orden constitucional y a sus ciudadanos en el marco del respeto incondicional de las leyes y los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, el Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada. Los gobernantes civiles aceptaron la militarización del conflicto y, abandonando sus fueros, dejaron la conducción de la lucha antisubversiva en manos de las Fuerzas Armadas.
La CVR ha constatado que la declaración de los estados de excepción y el empleo de la fuerza militar para hacer frente a la subversión armada (prerrogativas legítimas del Estado) se hicieron sin tomar las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados.
Peor aún, la autoridad civil desatendió durante mucho tiempo las miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas más afectadas del conflicto. Incluso en varios casos se facilitó y garantizó la impunidad a los responsables de las mismas. Los agentes del Estado —Fuerzas Armadas y Policía—, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Por otra parte, hay que señalar que durante las décadas de violencia existió información relativamente amplia sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, debido a la presencia de una prensa libre, la actividad de organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversas investigaciones parlamentarias y judiciales. Sin embargo, estas tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables.
(…) En varios lugares, una vez controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo dominio militar por extensos periodos. La lejanía del poder y de los ámbitos de decisión en un país fuertemente centralizado permitió que “el problema de la violencia”, crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, quedara relegado entre las prioridades públicas y privadas del país por varios años.
Mecanismos de justicia y reparación
El Informe Final de la CVR incluye además un plan integral de reparaciones para las víctimas de la violencia que implican:
• Reparaciones en salud contribuyendo a la recuperación de la salud física y mental para favorecer en las víctimas la reconstrucción de su proyecto de vida, truncado por el conflicto armado.
• Reparaciones en educación que brinden nuevas y mejores oportunidades de acceso a quienes perdieron la posibilidad de culminar sus estudios.
• Reparaciones económicas por las pérdidas sufridas y el daño moral padecido.
Adaptado de Hatun Willakuy, Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.




miércoles, 6 de septiembre de 2017

Héroes militares, Héroes civiles y personajes ilustres del Perú






Violencia Interna en el Perú


VIOLENCIA INTERNA EN EL PERÚ

CONCEPTO
Conocemos como periodo de violencia social y política al espacio de dos décadas, comprendidas entre los años 1980 y 2000, durante las cuales se produjeron masivas violaciones de los Derechos Humanos en el Perú. Este periodo tuvo como características determinante el hecho de que no se trató solo de un conflicto contra el Estado, por parte de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, sino de un proceso de violencia generalizada, que incluyó algunos miembros de las Fuerzas Armadas.
La violencia afecto principalmente a la población rural de los Andes que, al igual que la población selvática, es considerada la más excluida del país. La base que constituyó el caldo de cultivo para el estallido de la violencia en este periodo es una sombra que acompaña al Perú desde hace varios siglos: la discriminación y la indiferencia.

ANTECEDENTES

La historia peruana no obstante su larga estabilidad, ha seguido una sucesión de gobiernos democráticos y autoritarios. Así, el general Juan Velasco Alvarado entró al poder en 1968, siendo sucedido por el general Francisco Morales Bermúdez en 1975, quien convocó a elecciones en 1980. Durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se organizó como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la región de Ayacucho. El grupo era liderado por Abimael Guzmán, un profesor comunista de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Guzmán se había inspirado en la Revolución Cultural que había presenciado de primera mano durante su visita a China. Los miembros de Sendero Luminoso entraron en conflicto con miembros de otros grupos políticos y pintaron graffiti exhortando a la "lucha armada" contra el Estado peruano.

ETAPAS DEL CONFLICTO

Comienzo de hostilidades

En 1980 el gobierno militar peruano convocaba a elecciones por primera vez luego de un periodo de doce años. En este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinan tomar parte de este proceso electoral, optando en su lugar por iniciar una guerra de guerrillas maoista en las alturas de la provincia de Ayacucho.  El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Aquel fue el primer "acto de guerra" de Sendero Luminoso. No obstante, los perpetradores fueron rápidamente aprehendidos, se llevaron papeletas de votación adicionales para reemplazar las quemadas, las elecciones procedieron sin mayores incidentes y el acto recibió poca atención en la prensa peruana.
Sendero Luminoso optó por pelear su guerra en el estilo enseñado por Mao Zedong. Abrirían "zonas de guerrilla" en las cuales sus guerrillas puedan operar, echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear "zonas liberadas", luego usar estas zonas como apoyo a las nuevas zonas de guerrilla hasta que el país entero se convirtiera en una gran "zona liberada". Sendero Luminoso también se adhirió a la directiva de Mao según la cual la guerra de guerrilla debía ser peleada fundamentalmente en el campo y gradualmente asfixiar a las ciudades. El 3 de diciembre de 1982, Sendero Luminoso formó oficialmente el "Ejército guerrillero Popular", su brazo armado.

Respuesta estatal

Gradualmente, Sendero Luminoso hacía más y más violentos ataques a la Policía Nacional del Perú y el gobierno centralizado en Lima no pudo seguir ignorando la creciente crisis en los Andes. En 1981, Fernando Belaúnde Terry declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas Peruanas lucharan contra Sendero Luminoso. Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. Más tarde, las Fuerzas Armadas crearían la zona de emergencia de Ayacucho, en la cual el poder militar era superior al civil y muchos derechos constitucionales fueron suspendidos.
Los militares cometieron varias violaciones a los derechos humanos en el área donde tuvieron control político, incluida la famosa masacre de Accomarca, donde fueron asesinados campesinos por las Fuerzas Armadas. Un batallón de la policía contraterrorista entrenado en los Estados Unidos, conocido como los "Sinchis", fue particularmente conocido por sus violaciones a los derechos humanos. No obstante, las mayores violaciones y asesinatos fueron causados por los terroristas.

Escalamiento del conflicto

La reacción de Sendero Luminoso a la intervención de militares del gobierno peruano en la guerra
los muertos sin apellidos solo un rostro
no fue dar pasos atrás, sino aumentar a su máxima expresión el nivel de violencia en el campo. Sendero Luminoso atacó por el método chino de la sorpresa y las emboscadas a la policía, militares y civiles que consideraba "enemigos de clase", a menudo utilizando métodos particularmente sangrientos para matar a sus víctimas. Estas matanzas, junto con la falta de respeto de Sendero Luminoso a la cultura andina tradicional de los campesinos que reclamaba representar, alejaron a mucha gente de la sierra de Sendero Luminoso.
Frente a una población organizada en autodefensa, la guerra de guerrillas de Sendero Luminoso comenzó a tambalearse. En algunas áreas, los campesinos formaron patrullas anti-Sendero Luminoso, llamadas rondas campesinas. Generalmente, estaban pobremente equipadas, a pesar de las donaciones de armas por parte de las Fuerzas Armadas; sin embargo, las guerrillas de Sendero Luminoso eran atacadas militarmente por las rondas. El primer ataque reportado de ese tipo ocurrió en enero de 1983 cerca de Huanta, cuando unas rondas mataron a 13 senderistas; en febrero del mismo año en Sacsamarca las rondas mataron a los comandantes de Sendero Luminoso de esa área. En marzo de 1983, las rondas mataron brutalmente a Olegario Curitumay, uno de los comandantes del pueblo de Lucanamarca. Lo llevaron a la plaza del pueblo, lo apedrearon, lo acuchillaron, le echaron fuego y finalmente le dispararon.[] Como respuesta, en abril, Sendero Luminoso entró en la provincia de Huancasancos y en los pueblos de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca, donde mataron a 69 personas, mucho de los cuales eran niños, incluyendo uno que tenía solo seis meses de edad. []También asesinaron a varias mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Muchos de ellos murieron por tajos de machete y a algunos les dispararon a corto alcance en la cabeza. Esta fue la primera masacre realizada por Sendero Luminoso a la comunidad campesina. Siguieron otros incidentes, tal como el ocurrido en Hauyllo, en el distrito de Tambo, provincia La Mar, departamento de Ayacucho. En esa comunidad, Sendero Luminoso mató a 47 campesinos, incluyendo 14 niños en edades de cuatro a quince.
A esta masacre sucedieron otras, como la ocurrida en Marcas el 29 de agosto de 1985.
Sendero Luminoso, al igual que el gobierno, cubría sus rangos por medio de la conscripción, Asimismo, Sendero Luminoso secuestraba niños y los obligaba a trabajar como niños soldados en su guerra.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

En 1982, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) empezó su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano. El grupo se había formado por remanentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Perú y se identificaba con los movimientos guerrilleros castristas en América Latina. El MRTA usaba técnicas que eran más tradicionales entre las organizaciones de izquierda de América Latina que aquellas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el MRTA usaba uniformes, reivindicaban la lucha por una verdadera democracia y se quejaban de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado, mientras que Sendero Luminoso no usaba uniformes, aborrecía la democracia y rechazaba la idea de los derechos humanos.
Durante el conflicto interno, el MRTA y Sendero Luminoso entablaron combate entre ellos. El MRTA representó una parte menor en el conflicto interno global, siendo declarado por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación como responsable del 1,5% de las muertes acumuladas a lo largo de toda la guerra. En su mayor apogeo, se cree que el MRTA se compuso de solo unos pocos cientos de miembros.

La administración de Alberto Fujimori

Bajo la administración de Alberto Fujimori, el Estado empezó a expandir el uso de agencias de
inteligencia en su lucha contra Sendero Luminoso; en esa lucha se cometieron varios excesos por parte del Servicio Nacional de Inteligencia, en particular la masacre de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos y la masacre de Santa, todas las cuales fueron llevadas a cabo por el grupo Colina.
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori ordenó disolver el Congreso del Perú, con lo cual se inició la crisis constitucional de 1992. El pretexto para realizar estas acciones fue que el Congreso se oponía a la urgente aprobación de legislación antiterrorista. Fujimori estableció tribunales militares para juzgar a presuntos miembros de Sendero Luminoso y del MRTA, ordenando que se usara "mano dura". Además, Fujimori anunció que Perú no aceptaría más la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dado que Sendero Luminoso empezó a perder terreno en los Andes a favor del Estado peruano y las rondas campesinas, decidió acelerar su plan estratégico global. Sendero Luminoso declaró que, en jerga maoísta, había alcanzado su "equilibrio estratégico" y estaba listo para empezar su asalto final en las ciudades del Perú. En 1992, Sendero Luminoso colocó una bomba poderosa en el distrito de Miraflores de Lima en lo que se conoció como el atentado de Tarata. Este fue parte de una larga campaña de atentados en Lima.
El 12 de setiembre de 1992, la Policía peruana capturó a Abimael Guzmán y a varios líderes senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo en Lima. La Policía había estado vigilando el departamento debido a que varios presuntos militantes senderistas lo habían visitado. Al inspeccionar la basura que producía el departamento, se encontraron recipientes vacíos de crema para la piel usada para tratar la psoriasis, una condición que se conocía Guzmán padecía. Poco después de la redada que capturó a Guzmán, cayó también la mayoría de la cúpula senderista restante. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso sufrió derrotas militares vergonzosas por parte de las organizaciones campesinas de autodefensa — supuestamente, su base social; y la organización se escindió en facciones. El rol de Guzmán como líder de Sendero Luminoso fue asumido por Óscar Ramírez Durand, quien a su vez fue capturado por las autoridades peruanas en 1999. Después de la captura de Ramírez, el grupo se fraccionó, la actividad guerrillera disminuyó marcadamente y se retornó a las condiciones previas existentes en las áreas donde Sendero Luminoso había estado activo.
Las filas del MRTA fueron diezmadas tanto por un programa de amnistía gubernamental para sus miembros como por el encarcelamiento de varios de sus líderes. En 1996, el MRTA secuestró la residencia del embajador de Japón en Perú, empezando con la crisis de rehenes en Lima que duró 126 días. El MRTA demandaba la liberación de sus prisioneros; no obstante, no se satisfizo ninguna de las demandas del MRTA. La crisis terminó cuando la Operación Chavín de Huántar permitió que las fuerzas armadas peruanas entraran al edificio y liberaran a los rehenes.
Actividades en clase:
CCC: Analiza - Explica.
1.   ¿Por qué se afirma que el conflicto interno del Perú fue un proceso de violencia generalizada?
2.   ¿Por qué la discriminación y la  indiferencia  fue una causa principal del fortalecimiento de la violencia en el Perú?
3.   ¿Cuáles fueron los pensamientos ideológicos de los grupos terroristas? Fundamenta
4.   Explica la etapas tuvo el conflicto
5.   ¿Cuáles fueron las medidas del gobierno de Fujimori para luchar contra la violencia interna del Perú?
6.   ¿Qué opinión te merece la lucha contra el terrorismo en el periodo de Fujimori?
7.   ¿Cuáles fueron las consecuencias de la violencia interna en el Perú?

Actividades domiciliarias:

8.     Elabora un ensayo sobre la actualidad de los grupos senderistas, incluyendo los siguientes conceptos: Captura de Artemio, Asesinatos de Alipio y Gabriel, la relación de sendero luminoso y el narcotráfico, movadef