Institución
Educativa Particular Parroquial Mundo Mejor
Dirigida y promovida por la congregación de
Hermanos Cristianos del Perú
“Asegurando
un mundo mejor, un alumno a la vez”
ÁREA :
FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA
GRADO : QUINTO
A- V- R
PROFESOR : Jorge Silva LLoclla
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IIIBIMESTRE
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TEMA 04: La CVR y la situación de los derechos
humanos en el Perú
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La Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR)
fue una comisión peruana encargada
principalmente de elaborar un informe sobre
la violencia armada interna,
vivida en el Perú durante el periodo de los años 1980 y 2000.
Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros
de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista
de Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA),
intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión
militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas
civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 1985
personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que
asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28
de agosto del 2003,
ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique.
Objetivos de la comisión de la verdad y reconciliación
1.- Analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y
culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de
violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad.
2.- Contribuir a que la administración de justicia, cuando
corresponda, pueda esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos
cometidos tanto por las organizaciones terroristas como por los agentes del
Estado.
3.- Procurar la determinación del paradero, identificación y
situación de las víctimas y en lo posible, determinar las responsabilidades
correspondientes. La Comisión no sustituye al Poder Judicial ni al Ministerio
Público, pues no cuenta con funciones jurisdiccionales.
4.- Formular propuestas de reparación moral y material de las
víctimas o de sus familiares.
5.- Recomendar las reformas que estime conveniente como medida de
prevención para que no se repitan experiencias semejantes, así como medidas que
resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones.
El conflicto armado interno vivido en el Perú
entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso
sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de
toda la historia republicana.
Aplicando la metodología de Estimación de
múltiples sistemas, la CVR ha estimado que el número más probable de peruanos
muertos o desaparecidos durante este conflicto se sitúa alrededor de las 69 mil
personas.
Con esta metodología se ha estimado que, sólo en
el departamento de Ayacucho, 26 259 personas murieron o desaparecieron (…) lo
que constituye el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total
de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Los
datos mencionados muestran la gravedad de las desigualdades de índole
étnico-cultural que aún prevalecen en el país. La violencia impactó de manera
desigual diferentes espacios geográficos y estratos de la población.
Causas de la
violencia interna en el Perú
La causa inmediata y fundamental del
desencadenamiento del conflicto armado interno fue la
decisión del Partido
Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una “guerra popular”
contra el Estado peruano. Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego
de doce años de dictadura militar, la sociedad peruana iniciaba una transición
democrática ampliamente respaldada por la ciudadanía y por los principales
movimientos y partidos políticos nacionales.
Fue precisamente el PCP-SL, el causante del
mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil (el 54%).
La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos
de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas
de la guerra y los principios de los derechos humanos.
Acción del
Estado frente a la subversión
La CVR ha constatado que la
declaración de los estados de excepción y el empleo de la fuerza militar para
hacer frente a la subversión armada (prerrogativas legítimas del Estado) se
hicieron sin tomar las previsiones necesarias para impedir que los derechos
fundamentales de la población fueran atropellados.
Peor aún, la autoridad civil
desatendió durante mucho tiempo las miles de denuncias de violaciones de los
derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas más afectadas
del conflicto. Incluso en varios casos se facilitó y garantizó la impunidad a
los responsables de las mismas. Los agentes del Estado —Fuerzas Armadas y
Policía—, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son
responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Por otra parte, hay que señalar que
durante las décadas de violencia existió información relativamente amplia sobre
las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, debido a la
presencia de una prensa libre, la actividad de organizaciones defensoras de los
derechos humanos y diversas investigaciones parlamentarias y judiciales. Sin
embargo, estas tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los
responsables.
(…) En varios lugares, una vez
controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo dominio
militar por extensos periodos. La lejanía del poder y de los ámbitos de
decisión en un país fuertemente centralizado permitió que “el problema de la
violencia”, crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, quedara
relegado entre las prioridades públicas y privadas del país por varios años.
Mecanismos
de justicia y reparación
• Reparaciones en salud contribuyendo a la
recuperación de la salud física y mental para favorecer en las víctimas la
reconstrucción de su proyecto de vida, truncado por el conflicto armado.
• Reparaciones en educación que brinden nuevas y
mejores oportunidades de acceso a quienes perdieron la posibilidad de culminar
sus estudios.
• Reparaciones económicas por las pérdidas
sufridas y el daño moral padecido.
Adaptado de
Hatun Willakuy, Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación.
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